El próximo domingo se celebrarán elecciones sólo en una
parte de Euskal Herria, la CAPV. Unas elecciones que van a tener lugar en medio
de un profunda crisis política en el conjunto del Estado español. Cuando los
dos partidos gobernantes, el PP y el PSOE, que hasta ahora se han venido
turnando en el gobierno central, están encontrando numerosas dificultades para
mantener el bipartidismo que ha venido caracterizando al “régimen del 78”, el que surgió en la llamada
“transición” española, al no haberse llevado a cabo una verdadera ruptura con
el franquismo.
Con la aparición en escena de los partidos “emergentes”,
Podemos y Ciudadanos, la crisis política, de gobernabilidad, se ha hecho aún
más grave y más compleja. Los nuevos partidos, en vez de haber puesto fin
definitivamente al bipartidismo, lo único que han logrado es haberse convertido
en las respectivas “muletas” del PP y del PSOE, dando paso así a un
bipartidismo atenuado, aunque también es preciso reconocer que han dificultado
aún más la realización de posibles pactos o acuerdos entre el PP y el PSOE.
En cualquier caso, el nuevo gobierno central que llegue a
formarse, tanto si se produjese un acuerdo que desbloquee la situación actual
como si se tuviesen que celebrar unas nuevas (terceras) elecciones, tendría que
hacer frente a una grave situación económica. Con una tasa actual de paro en
torno al 20% de la población activa; con una exigencia de recortes por parte de
la UE de 10.000 millones de euros [1]: y, por otra
parte, la OTAN pidiendo un aumento de la contribución a sus Estados miembros,
hasta alcanzar el 3% del PIB; a situación que se le presenta no es nada
halagüeña.
Además, si nos situamos en el plan
internacional, la situación no es menos sombría. A la crisis de la UE,
agudizada por el brexit y el problema de los refugiados, así como por el
ascenso de la extrema derecha en gran parte de Europa, viene a unirse el
peligro cada vez mayor de un conflicto bélico abierto entre el bloque
imperialista hegemónico, dirigido por EEUU y el bloque ascendente, capitaneado
por China-Rusia.
En este complejo contexto, las elecciones autonómicas
vascas y gallegas, que se celebrarán el mismo día, van a servir de “campo de
prueba” para el PP y el PSOE de cara a buscar una posible salida al actual
estancamiento que impide la formación del nuevo gobierno, o ir a esas nuevas
elecciones generales para fin de año.
Las autonómicas vascas, a las que se presenta por primera
vez Podemos, han puesto abiertamente sobre la mesa las diferentes posturas
sobre la cuestión nacional. Unos, como el PP y el PSOE, se oponen
furibundamente a todo lo que pueda suponer lo que ellos llaman la “ruptura de
España”, aunque el segundo proponga una reforma “federalizante” de la
constitución, que nunca acaba de definir.
Otros, chovinistas vergonzantes, como Podemos, que dicen
defender el “derecho a decidir”, son incapaces de adoptar una postura firme y decidida
frente a la rotunda intransigencia del tándem PP-PSOE y se remiten a la
necesidad de aprobar una “ley de claridad”, inspirada en el modelo canadiense,
como si el parlamento español fuese como el de Canadá [2], y sin definir nunca
cual sería la postura a defender por su partido que, como sabemos, es de ámbito
estatal y altamente centralizado.
En cuanto al PNV y a EH Bildu, el primero continúa soñando
con que el gobierno central se avenga algún día a negociar un “nuevo estatus”
para la CAPV y rechaza tajantemente cualquier opción unilateral que pueda
saltarse la legalidad vigente, lo que es lo mismo que renunciar abiertamente a
dar un solo paso que le pueda enfrentar al Estado español. Por cierto que el
PNV tampoco acaba de definir qué entiende por un “nuevo estatus”, aunque todo
parece indicar que este tendría un alcance bastante más limitado que el que en
su día planteó el gobierno de Ibarretxe.
Por su parte, EH Bildu hace una oferta tanto al PNV como a
Podemos, para formar un gobierno de coalición similar al que se ha formado en
Nafarroa. ¿Qué alcance podría tener un gobierno de ese tipo? ¿Se trata, tan
sólo, de un “farol”, a sabiendas de que no lo van a aceptar los otros dos
partidos? Y, en caso de que hipotéticamente llegase a formarse, teniendo en
cuenta el carácter de los “compañeros de viaje” a los que se dirige EH Bildu,
¿posibilitaría el logro de la amnistía
para todos los presos y refugiados políticos-as?, ¿permitiría la unificación del Sur de Euskal Herria?,
¿sería el instrumento más adecuado para avanzar hacia el reconocimiento de la soberanía vasca?. En definitiva,
¿constituiría esa “posición avanzada” que nos situaría en un nuevo escenario de lucha de clases y
que nos podría facilitar el avance hacia la independencia y el socialismo?
NOTAS
1.- las exigencias de la UE al gobierno español para
reducir el déficit nominal se sitúan en
el 4,6% del PIB en 2016 y pide que se reduzca al 3,1% en 2017 y que se lleve al
2,2% en 2018. El ajuste estructural será del 0,5% del PIB en 2017 y de otro
0,5% en 2018, lo que supone un recorte de 10.000 millones de euros en los tres
próximos años.
2.- La Ley de
Claridad es una ley federal aprobada por el Parlamento de Canadá que
establece las condiciones en las que el Gobierno de Canadá podría establecer
negociaciones que pudieran conducir a la independencia de una de sus provincias
tras la celebración de un referéndum. El proyecto de Ley de Claridad se presentó
en primera lectura en la Cámara de los Comunes el 13 de diciembre de 1999. Fue
aprobado por la Cámara el 15 de marzo de 2000 y por el Senado, en su versión
final, el 29 de junio de 2000.
Aunque teóricamente esta ley podría aplicarse a cualquier
provincia, la Ley de Claridad fue elaborada en respuesta al referéndum 1995 de
Quebec y al movimiento en pro de la independencia de esa provincia. El
contenido de la Ley de Claridad se basó en la cuestión planteada a la Corte
Suprema de Canadá por parte del gobierno federal del primer ministro Jean Chrétien
en 1998.
Las condiciones que establece la Ley de Claridad, son: una
pregunta clara, sin ambigüedades, un apoyo evidente a la separación y,
posteriormente, abrir un proceso de negociación con el gobierno federal. Es
decir, que excluye la declaración unilateral de independencia.
