Reproducimos a continuación el
siguiente artículo por su interés y relación con los artículos que venimos
publicando sobre Europa.
Tomado del diario Público. http://www.publico.es/521575
Nuevos documentos muestran el
creciente peso de los grupos de presión en las negociaciones, que
gobiernos y empresas mantienen discretamente. "Tienen mucha prisa para
negociar este tratado; saben que cuanto más se sepa sobre el TTIP, más rechazo
va a provocar", denuncia Ecologistas en Acción.
Mientras los partidos mayoritarios se vuelcan en dar su
mejor imagen de cara a las elecciones europeas, otras formaciones y ONGs
intentan levantar las alfombras del poder para poner el foco en asuntos que
pasan oportunamente desapercibidos para la opinión pública, pero que marcarán
el devenir político, económico y social europeo durante los próximos años. Es
el caso del Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y EEUU, en un proceso en
el que las multinacionales se niegan a quedar relegadas a un segundo plano.
Varias voces alertan sobre los peligros de la Asociación Transatlántica
para el Comercio y la
Inversión -TTIP, por sus siglas en inglés- que conservadores
y socialistas intentan vender destacando los supuestos beneficios económicos
que generará, y eludiendo cualquier mención a los riesgos que conllevará el
mismo. Según un documento sobre el TTIP filtrado el pasado lunes, las
propuestas actuales dentro del marco del tratado "concederían a gobiernos
y empresas extranjeras una mayor oportunidad de influir en la opinión
pública, tanto en la UE
como en Estados Unidos"
Esta es la denuncia de grupos como el Observatorio de las
Corporaciones Europeas, Ecologistas en Acción y otras fuerzas políticas, que
alertan del riesgo medioambiental, sanitario o para la seguridad de los
consumidores que supondría rebajar los estándares que regulan la
comercialización de bienes y servicios dentro de la UE, condición sine qua non
para facilitar las relaciones comerciales.
El mismo grupo afirma que son más de 30.000 las personas
que ejercen como lobbistas en Bruselas, y el británico The Guardian aseguraba
en un reciente artículo que influyen en un 75% de las
normativas europeas.
Para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, el TTIP es "claramente
una amenaza importante que podría afectar a muchos aspectos de nuestra vida
diaria". "Si el 80% de los supuestos beneficios económicos del
tratado dependen de la eliminación o armonización de los reglamentos y normas,
nos veríamos afectados por recortes sin precedentes en los derechos sociales,
laborales y ambientales, denuncia.
Kucharz explica a Público que el documento filtrado
-cuya procedencia dice no poder revelar- refleja los planes de la Comisión Europea
de "cambiar fundamentalmente la forma en que se adoptarán en el futuro
los reglamentos y directivas europeas para proteger a consumidores,
trabajadores y el medio ambiente".
De hecho, el ecologista defiende que los grupos de presión
empresariales a ambos lados del Atlántico intentan "aprovechar al máximo
la desregulación de las normas alimentarias y de seguridad de los
productos". "Si lo logran, la futura toma de decisiones se hará
aún más antidemocrática, escapando al escrutinio democrático y colaborando
abiertamente con el lobby empresarial", vaticina.
"Efectivamente, ha habido diferentes informaciones
acerca de las presiones que las grandes empresas transnacionales, buena
parte de ellas estadounidenses, estarían haciendo para que el resultado de
las negociaciones les fuera lo más propicio posible", asegura a este
medio Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida. "Al final, esas empresas
y sus grupos de presión consiguen que se desarrollen marcos legales que acaban
beneficiando a esas compañías privadas, en detrimento y en perjuicio de los
derechos de los ciudadanos", denuncia el parlamentario.
Esto, por no hablar del protocolo ideado para
"proteger" las inversiones. EEUU y la UE discuten la incorporación de un mecanismo que,
en palabras de Kucharz, permitirá a las grandes compañías reclamar
indemnizaciones ante tribunales de arbitraje a los estados, si consideran
que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven
afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir:
"Si no ganan lo que quieren, pueden demandar en tribunales privados
al Estado en el que han invertido", lamenta el ecologista, muy crítico con
los "superderechos" que reciben estas organizaciones, "por
encima de la soberanía de los Gobiernos y parlamentos", como ha ocurrido
con países como México o Costa Rica tras la firma de este tipo de tratados con
EEUU.
Sixto también ve el mecanismo de solución de controversias
como uno de los puntos más preocupantes en las negociaciones, ya que
"permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y
presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de
arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Se trata de
un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable
entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente
operativos", defiende. A su juicio, una mejor solución sería dejar que los
tribunales y el derecho de cada Estado resuelvan las disputas con las empresas
que operen en esos países. "Lo que no se puede hacer, en ningún caso,
es debilitar el poder legislativo de los Estados miembro para favorecer los
intereses y beneficios de esas multinacionales".
Los riesgos del reconocimiento mutuo
Ecologistas en Acción es sólo una de las 180
organizaciones encargadas de velar por el medioambiente, los derechos laborales
o sanitarios que están exigiendo explicaciones a los negociadores comerciales
de la UE y de
EEUU, aunque por el momento no han tenido mucho éxito. Junto a ellas, el
Observatorio Corporativo Europeo - ONG que estudia la actividad empresarial en
el Viejo Continente- lleva años publicando informes críticos con las
instituciones europeas, y la
Alianza por la Transparencia de los Lobbies y su Regulación
Ética (ALTER-EU) ha logrado el apoyo de 1.100 candidatos al Parlamento Europeo -100 de ellosespañoles- para denunciar la excesiva presión de bancos y multinacionales
en la política comunitaria, pero la
Cámara ha hecho caso omiso a sus reivindicaciones.
"Es muy preocupante ver que los negociadores están
concibiendo maneras de proceder que introducirían los intereses de grupos de
presión empresariales en el seno de los procedimientos regulatorios en el
futuro", denuncia Kenneth Haar, investigador del Observatorio Corporativo
Europeo (CEO).
"Como las negociaciones no van a hacer a las partes
subir sus estándares, el resultado inevitable es que la UE baje los suyos.
Productos químicos que hoy no se utilizan serán permitidos, como ocurrirá con
productos alimentarios", lamenta Haar. "Un ejemplo: de
momento la UE ha
prohibido el uso de 1.300 sustancias en productos cosméticos, EEUU sólo
11", razona.
En una entrevista con Público el pasado mes de
noviembre, el máximo responsable de Bruselas en las negociaciones del TTIP,
Ignacio García Bercero, aseguró que no rebajar los estándares era uno de los"principios base de la negociación", pero según Kucharz es unargumento falso.
"Estados Unidos no tiene ratificadas seis de las ocho
normas fundamentales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la
libertad sindical y el derecho de negociación colectiva", recuerda Sixto.
"La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de
avanzar en mayor protección de los derechos laborales", sostiene,
denunciando que el reconocimiento mutuo supondría en la práctica la anulación
efectiva del derecho a regular, y "se fomentaría un dumping
desregulador sin precedentes".
Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre
la Unión Europea
y EEUU comenzaron en julio de 2013, cuando acababa de destaparse el escándalo de las escuchas de la NSA a ciudadanos y lídereseuropeos. Socialistas y Conservadores se opusieron a paralizar la firma de
un acuerdo que supondrá la eliminación de barreras normativas y económicas
para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Viejo Continente,
y que teóricamente representará un beneficio anual de hasta 110.000 millones
de euros para las exhaustas arcas europeas (cerca de 545 euros por familia
para nuestro país), y de 95.000 millones de euros para EEUU.
Sin embargo, tras cuatro rondas de reuniones oficiales (la
última en marzo) los negociantes no aportan argumentos que sustenten estas
estimaciones, que en cualquier caso no comenzarán a notarse antes de 2016,
fecha en la que se espera la implantación del tratado, que deberá ser aprobado
por el Parlamento Europeo y que no será sometido a referéndum.
La opacidad del proceso
"La negociación de los documentos, las contribuciones
de las partes interesadas, agendas y actas de las reuniones con la industria,
ninguno de ellos son públicos", asegura Kucharz, uniendo su voz a la de
los políticos, activistas y ciudadanos que ya han denunciado la falta de transparencia en las negociaciones.
Preguntado por el escaso interés que el poder político
tiene en explicar el TTIP y la aparente ausencia de inquietudes al respecto por
parte de los ciudadanos, Haar responde que cuando son informados sobre la
esencia de las negociaciones "se quedan en estado de shock o se
enfadan", insistiendo que les interesa, pero que "lleva tiempo
transmitir el mensaje".
"Tienen mucha prisa para negociar este tratado,
porque saben que cuánto más se sepa sobre el TTIP, más rechazo va a provocar,
y mayores costes políticos podría causar en algunos partidos y gobiernos",
sostiene Kucharz.
"El TTIP se está convirtiendo en un elemento de
debate de cara a las europeas, y la mayoría prefiere no tocarlo en público porque
supondría un elemento de presión, ataría sus manos de cara a las negociaciones,
asegura Haar" […]
