El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional
de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité
de la Verdad
sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la
decisión de la Presidenta
del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de
este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento
Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la
europarlamentaria Sofia Sakorafa.
La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-,
o esta nota de prensa en
castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se
esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por
Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y
por tanto reclamar su eventual impago.
Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda
existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser
subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al
término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo
compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que
continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.
Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario,
se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la
aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento
de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más
bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de
tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e
injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos
ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los
desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de
la propia Unión Monetaria”.
Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos
expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la
deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente
ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis
Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y
advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión
sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones
soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.
Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de
Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha
investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las
instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las
numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las
instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos
tóxicos de la banca privada.
“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un
fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional
(FMI) como la
Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter
privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas
e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones
de euros, solo para salvar a la banca”.
Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas
europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario
que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de
compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.
El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se
fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada
encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo
creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123
del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus
reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones
financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las
presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con
la deuda de los bancos.
En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un
programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos
tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido
la herramienta para posibilitar este canje”.
Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría
Ciudadana de la Deuda,
ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo
cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda
insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una
reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre
cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que
era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara
hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la
economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […]
Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están
hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger
unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo
neoliberal desmontando el estado del bienestar”.
Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del
Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la
información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de
confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone
anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular
representada por la
Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es
que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido,
ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha
sido el movimiento del dinero”[…].
