El próximo 12 de
enero tendrá lugar la resolución del ERE que afecta a la plantilla del
astillero de La Naval de Sestao y que podrá suponer el despido de la totalidad
de la misma.
Desde hace varios
meses, los trabajadores de esta factoría han llevado a cabo numerosas
movilizaciones contra este plan que va a suponer la liquidación de la empresa y
la pérdida de unos 180 empleos directos y que pone en peligro cerca de otros
4.000 más, que son los puestos de trabajo indirectos (inducidos), la mayoría de
ellos en pequeños talleres de Ezkerraldea.
Esta es una
comarca que ya se ha visto gravemente afectada como consecuencia de la crisis
(1973-1990) y la reconversión (desmantelamiento) industrial que tuvo lugar
durante la década de los ochenta del siglo pasado, como consecuencia de dicha
crisis así como por las exigencias de la CEE (organismo en el que el Estado
español ingresó en 1986) y que se realizó fundamentalmente por parte de
gobiernos del PSOE, durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
Algunos antecedentes
En 1964, cuando
todavía estaba vigente la dictadura franquista, tuvo lugar una reorganización
del sector de la construcción naval en el Estado español, como consecuencia de
la cual se fusionó la empresa pública Astilleros de Cádiz, con la Naval de
Sestao y con Astilleros Euskalduna de Bilbao (ambas, empresas privadas), dando
lugar a la creación de Astilleros Españoles (AESA), sociedad en la que La Naval
participaba con un 31,8% del capital.
En aquellos momentos,
por su capacidad de producción, AESA se convirtió en el cuarto astillero
mundial. En los años siguientes (1969-1974), dentro de AESA, La Naval se fue
especializando en la construcción de buques petroleros y de transporte de grano
de gran tamaño, para los cuales existía, en aquellos momentos, una importante
demanda. Es a partir de 1974 cuando dio comienzo la crisis del sector de
astilleros, de la cual no lograría recuperarse plenamente el astillero de
Sestao.
En 1979, el
accionariado de la empresa privada se retiró de AESA y el INI (Instituto
Nacional de Industria) quedó como único accionista de la sociedad. Entre
1982-1986, dio comienzo la “reconversión” del sector naval, lo que dio lugar a
la pérdida de numerosos puestos de trabajo y a una importante reducción de la
capacidad productiva. En esta situación, AESA tuvo que hacer frente a la
competencia de los astilleros coreanos, para lo que tuvo que recurrir a las
ayudas públicas.
Sin embargo, a
raíz de la entrada del Estado español en la CEE (1986), dichas ayudas se fueron
reduciendo progresivamente por imperativo de la normativa comunitaria (de
orientación claramente neoliberal) que abandonaba las empresas públicas a su
suerte, priorizando a las empresas privadas y dejando que fuese la “libre actuación
de las fuerzas del mercado” quien regulase de forma “espontánea” la actividad
económica.
En 1984, el
gobierno del PSOE, con la colaboración del sindicato UGT, había aprobado un
decreto estableciendo las líneas maestras de la reconversión industrial en el
sector público naval, que afectaba a las plantillas de Gijón, Vigo, El Ferrol y
Bilbao. El 20 de septiembre de dicho año el resto de los sindicatos convocaban
una huelga general en el sector, y los trabajadores ocupaban los astilleros de
Bilbao, cortando el puente de Deusto con barricadas de fuego, dando así
comienzo a la primera fase de la “batalla de Euskalduna”. El movimiento fue
duramente reprimido y el gobierno del PSOE no reconsideró su decisión.
En mayo de 1988,
AESA inició el cierre definitivo de las instalaciones de los astilleros
Euskalduna, en Bizkaia (Olabeaga y Asua), lo que dio lugar a nuevas
movilizaciones obreras con enfrentamientos de gran dureza con las fuerzas
represivas, que se han conocido como la “nueva batalla de Euskalduna” [1]. La
actividad que se estaba llevando en estos astilleros se fue concentrando en las
instalaciones de La Naval de Sestao.
Durante el
periodo 1988-2000, los astilleros de La Naval se fueron especializando en la
construcción de buques de mayor contenido tecnológico (como transportes
químicos y gaseros). En 1995, durante el último gobierno de Felipe González, el
Estado español creó la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
como una entidad de Derecho Público [2].
En 1998, durante
el primer gobierno de Aznar (PP), la SEPI reorganizó la estructura de AESA,
creando una nueva sociedad filial de la misma, denominada Astilleros de Sestao
S.R.L., formada por el astillero vasco. En julio del 2000, durante el segundo
gobierno de Aznar, AESA se fusionó con la Empresa
Nacional Bazán, dedicada a la
construcción de buques militares, dando lugar a una nueva empresa denominada IZAR.
A finales de 2004,
con el PSOE nuevamente en el gobierno, tuvo lugar el fracaso de esta empresa
debido, fundamentalmente, a la imposibilidad de conseguir pedidos de buques
civiles y ante la obligación de devolver las ayudas que el gobierno le había
concedido, después de que estas hubieran sido declaradas ilegales por parte de
la UE.
En esta
situación, el gobierno decidió dividir los astilleros de IZAR, dando lugar a la
creación de una nueva empresa denominada Navantia que se habría de dedicar a la
construcción de buques militares y que incluía a los astilleros de la antigua
Empresa Nacional Bazán y a otros tres de los que formaban parte de AESA.
Fuera de la nueva
empresa quedaron cuatro astilleros, entre ellos el de La Naval de Sestao.
Pronto entrarían todos ellos en proceso de liquidación y venta de sus activos a
posibles empresas del sector privado, siempre que hubiese compradores que
garantizasen la continuidad de la actividad. Son prejubilados 578 trabajadores.
En 2005, la SEPI
pone en venta el astillero de La Naval de Sestao. Varias empresas privadas y un
grupo de inversionistas crean la sociedad de Construcciones Navales del Norte
(CNN), para optar así a la compra del astillero. En 2006, la SEPI vende el
astillero a la CNN. Y aunque el precio de la venta no trasciende, algunos
medios de comunicación lo cifran en torno a los 5 millones de euros, así como
el compromiso de mantener 340 trabajadores de la anterior plantilla y finalizar
la obra en curso. Además, otros 236 trabajadores de la plantilla son sometidos
a un ERE.
La situación actual
La situación a la
que se ha llegado a través de este prolongado proceso y en la que se encuentra
actualmente La Naval es una consecuencia evidente de la ineficacia con que fue
gestionada la empresa cuando era de titularidad pública, por parte de unas administraciones (tanto la estatal como la autonómica)
que han dado sobradas muestras de inoperancia y de completa subordinación a los
intereses privados en detrimento de los públicos, así como de haber mantenido
una plena sumisión a las directrices procedentes de la UE que, como todos
sabemos, son de una orientación claramente neoliberal.
Si no, ¿cómo se
explica que cuando los trabajadores, en reiteradas ocasiones, han exigido la
intervención de los gobiernos vasco (del PNV-PSOE) o central (ya fuera del PSOE o del PP), para efectuar inversiones de
dinero público para sanear la empresa, sólo se les ocurriese que era necesario
que hubiese un inversor privado?
¿Por qué, en
ningún momento, se les ha pasado por la cabeza, tanto a unos como a otros, que
una situación de evidente interés social, puede exigir soluciones que estén por
encima del “derecho de propiedad”?
¿Por qué tampoco
se ha tenido en cuenta, en ningún momento, el informe jurídico según el cual,
ni la compra de activos a la administración concursal, por parte de ambos
gobiernos, ni la aportación de recursos financieros públicos, serían
considerados “ayudas de Estado”? ¿Por qué no se ha tenido en cuenta el ejemplo
de la acería Ascoval de Saint-Saulve, que ha sido reflotada con 152 millones de
euros, de los que 47 proceden de fondos públicos en concepto de préstamo?
[3].
NOTAS
1.- El conflicto se reinició cuando más de 1500
trabajadores de Euskalduna que habían permanecido en los Fondos de Promoción de
Empleo (FPE) exigieron la vuelta a sus puestos de trabajo, aspecto que estaba
incluido en el acuerdo firmado en 1984 sobre la reconversión del sector naval.
2.- El SEPI nació en
1995, por Real Decreto Ley 5/1995, de 16 de junio, posteriormente aprobado como
Ley 5/1996, de 10 de enero de 1996, de Creación de determinadas
Entidades de Derecho Público. Aunque se trata de una entidad cuyas actividades se
encuentran sujetas al derecho privado, también le resulta de aplicación
determinada normativa pública, como la Ley General Presupuestaria, la Ley de
Contratos del Sector Público así como las leyes de Presupuestos. Actualmente,
lo que se denomina grupo SEPI, tiene una participación directa de capital en 15
empresas, una minoritaria en 9, así como una participación indirecta en más de
100 empresas (filiales de las anteriores o participadas por ellas).
3.- Ver diario GARA
(23-12-2018).
