En las
últimas semanas estamos asistiendo a una serie de movilizaciones en las que queda
patente el malestar popular con las políticas de recortes generalizadas. El
amplio seguimiento de la huelga general convocada por la mayoría sindical en Hego
Euskal Herria, la convocatoria del “25-S: Rodea el Congreso” en Madrid, las
últimas movilizaciones en Portugal y las constantes en Grecia así lo
atestiguan. Está claro que las políticas de ajuste presupuestario, que
empobrecen a trabajadores y a un amplio sector de la pequeña burguesía, van a
seguir contando con el rechazo y la movilización en su contra; de hecho ya hay
nuevas convocatorias de movilización.
Se está
produciendo una crisis generalizada del sistema capitalista imperialista. A diferencia de lo ocurrido en las últimas décadas, son también los
pueblos de los países industrializados los que estamos sufriendo los efectos
devastadores de este criminal sistema en el que vivimos. Especialmente
virulentos están siendo en la UE
donde su inconsistencia política y, sobre todo, económica ha hecho que los
intereses de las burguesías de los países del centro y los de la periferia se
contrapongan y el sistema monetario de prioridad a las primeras y sean los
pueblos de los segundos quienes sufran estos desajustes.
Queda
patente la necesidad de movilizarse y de plantear alternativas al sistema. Como
sabemos, y como afirma Engels en el prefacio del Manifiesto Comunista, “la emancipación
de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos”. Por eso no
se puede obstaculizar la actividad de las masas, ni poner impedimentos a la
libre organización de los trabajadores. Pero ¿qué objetivos persiguen las
actuales movilizaciones? Está claro que han sido capaces de encauzar el
malestar contra las políticas económicas impuestas desde la UE (Alemania) pero parecen no
tener objetivos estratégicos definidos o, en todo caso, si los tienen, son de
tipo cortoplacista y reformista que no van a la raíz del problema y no
cambiarán la actual situación.
La idea
que dominaba en las movilizaciones de Madrid era la de “echar a los políticos”
y en la huelga general convocada por la mayoría sindical vasca se solicitó en
repetidas ocasiones la convocatoria de unas nuevas elecciones en la Comunidad Foral. En la CAV se
acaban de celebrar.
Si
tenemos en cuenta experiencias pasadas, está claro que no podemos poner
nuestras esperanzas en los procesos electorales burgueses por muy
“democráticos” que estos sean. El margen de actuación de cualquier gobierno
dentro del actual orden de cosas es estrecho.
En el marco de
un Estado burgués, cualquier gobierno, sea del color que sea, sólo puede
limitarse a ser un mero gestor de los intereses del capital. En caso de
que el nuevo gobierno salido de las elecciones se atreviese a sobrepasar
los límites impuestos por el Estado burgués y por su legalidad, será desplazado
del gobierno, ya sea pacíficamente o, si fuese preciso, por la fuerza. Tenemos
varios ejemplos de ello en la historia.
¿Cómo pretendemos entonces un cambio radical si no
afrontamos la raíz del problema? La
UE está demostrando día a día que es una construcción
política al servicio de la oligarquía, especialmente de la de los países del Norte de Europa y que es una construcción política contra los pueblos europeos.
Son “los mercados” y en especial el de la deuda los que
dictan sentencia; ahogan a amplias capas de la sociedad, empobreciendo y acelerando
las diferencias de clase entre los poseedores de los medios de producción y los
que tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir.
La actual democracia, la democracia
burguesa, no es una verdadera democracia. Es una democracia ficticia, una democracia formal,
aparente. La democracia no puede
ser, como lo es ahora, para una minoría. Obligatoriamente, para poder
denominarse así, tiene que estar al
servicio del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras, de las y los
jóvenes, las mujeres, etc. No puede limitarse a permitirnos votar cada cuatro
años. Debe de ser permanente y participativa. Debe estar abierta tanto a
partidos políticos como a movimientos sociales. No puede
ser una democracia en la que se reconozcan de palabra unos derechos y
libertades, en la que aparentemente todos los ciudadanos somos “iguales ante la
ley” y todos gozamos de “los mismos derechos y deberes”, pero donde esa
igualdad legal oculta y refuerza la desigualdad real entre los pobres y los
ricos, entre los explotados y los explotadores.
Lo que
de verdad necesitan los pueblos es un radical cambio de sistema. Un sistema más
justo y más democrático que supere el estrecho horizonte de la democracia
burguesa. Para que la democracia sea real, se tiene que extender tanto al ámbito
político, como al económico y al social.
En lo político, debe reconocer y proteger los
derechos de las personas y de los pueblos, entre ellos el derecho de autodeterminación.
En todos los sitios donde se pueda, hay que combinar la democracia
representativa (elecciones) con la directa (asambleas) y la semi-directa
(consultas y referéndums). Hay que favorecer el control del pueblo sobre las
instituciones, tanto sobre su actividad política como sobre el gasto público y
posibilitar su participación en la gestión administrativa del Estado. Se debe
agilizar la tramitación legislativa y facilitar la iniciativa legislativa
popular. Hay que establecer mecanismos de revocabilidad de los cargos públicos
y crear nuevas formas de participación. Es preciso potenciar la
auto-organización y la participación popular: consejos consultivos, comités y
asambleas de barrio, etc.
También es necesario facilitar el acceso de las
organizaciones obreras y populares a todos los medios de comunicación y
proporcionarles locales adecuados para reunirse. En la
democracia burguesa, quienes verdaderamente pueden ejercer su derecho de
asociación y de reunión son los representantes de la clase dominante, que son
quienes cuentan con los mejores locales para celebrar sus reuniones (salones de
los clubs sociales y de los hoteles de lujo, sedes patronales, etc.) y no se
ven obligados a pedir prestados locales o celebrar las reuniones en lonjas
destartaladas y muchas veces insalubres, en bares y cafeterías, o a realizarlas
en el monte.
En la
democracia burguesa, se confunde interesadamente la libertad de expresión con
la intoxicación informativa, la manipulación de la opinión pública, etc.,
cuando los principales medios de comunicación (prensa, radio, TV, etc.) son
propiedad de grandes grupos financieros que controlan y monopolizan la difusión
de las noticias y de las opiniones favorables al sistema. Cuando todos esos
medios de comunicación ignoran deliberadamente todas aquellas cuestiones que
afectan verdaderamente a las masas trabajadoras y son de interés general para
el pueblo, o presentan únicamente su visión distorsionada y partidista de
cualquier acontecimiento.
En lo
que respecta a los medios de comunicación denominados “públicos”, por estar en
manos del Estado burgués (en sus diferentes niveles administrativos: central,
regional, local, etc.), también se puede decir que cumplen la misma función que
los que se encuentran en manos de grupos de capitalistas privados, aunque
formalmente traten de guardar algo más la apariencia de “imparcialidad”.
En
general, los sindicatos obreros de clase, los colectivos juveniles, los grupos
ecologistas, los movimientos de mujeres,… no cuentan con medios propios para
difundir sus ideas y propuestas entre las masas y deben recurrir a los
carteles, a los blogs de contra-información en Internet, etc., para hacerse oír
de alguna manera, pero con una capacidad de difusión incomparablemente menor de
la que tienen los grandes medios en poder de la burguesía.
En su aspecto económico, es necesario poner la economía
al servicio de la mayoría. Hay que democratizar la propiedad de los medios de
producción, nacionalizando la banca y las grandes empresas industriales,
energéticas, agrícolas y de servicios, así como los grandes medios de
comunicación, que hoy están en manos del capital financiero. Es preciso
ponerlas bajo titularidad pública pero con control obrero. Hay que posibilitar
la participación de trabajadores y trabajadoras en la planificación y el
control de la economía, a todos los niveles.
Simplificar la administración del Estado, de tal forma, que se posibilite la participación en ella de sectores
cada vez más amplios de las masas.
Capacitar a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras
en el desempeño de las tareas político-administrativas, es decir en la gestión del Estado. En esta labor pueden, y deben,
jugar un importante papel los sindicatos de clase y las distintas
organizaciones de masas. Con ello se reduciría considerablemente la necesidad
de recurrir a los técnicos y especialistas burgueses.
Descentralizar el aparato del Estado, transfiriendo competencias y atribuciones, de los órganos superiores
a los inferiores; y de los órganos nacionales a los territoriales y locales.
En lo social, hay que extender la democracia a
los centros de trabajo, institucionalizando la participación de las y los
trabajadores en la gestión de las empresas, implantando la cogestión en las
empresas privadas y el control obrero en las empresas públicas.
También es necesario democratizar el funcionamiento y la
gestión de los centros de enseñanza, tanto en el plano administrativo como en
el pedagógico, posibilitando la participación del alumnado, del profesorado y
del personal no docente, a nivel de enseñanza universitaria y también de los
padres/madres en la no universitaria.
Al mismo
tiempo, habría que establecer mecanismos de control democrático de la clase
obrera y el pueblo trabajador sobre los aparatos armados, tales como policía y
ejército. Que, con el tiempo y en la medida en que se desarrolle el proceso
revolucionario que planteamos, convendría ir sustituyendo estos organismos
armados, si no en su totalidad al menos en lo fundamental, por otras formas de
organización militar, como podrían ser las milicias populares, es decir, por el
pueblo armado y estructurado en milicias.
Una democracia así no tiene cabida en el actual sistema
político, económico y social. Es necesario un cambio radical de sistema.
Necesitamos una nueva democracia, una democracia popular.
